Ponencia Lic. Radhamés Mejía

Intervención Lic. Radhamés Mejía

Director,Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano CIED/HUMANO de la PUCMM

Almuerzo Diálogo Acción Callejera-Fundación Educativa, Inc.,

"Inversión Social: Garantía de Desarrollo"

Salón Maguá, Hotel Gran Almirante

Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Mayo 17 de 2011 

Agradezco a los organizadores de este evento, y de manera particular a los directivos de Acción Callejera-Fundación Educativa, Inc., por la oportunidad que me ofrecen de conversar con ustedes, en el marco de este almuerzo-diálogo que tiene como tema central la “Inversión social: Garantía de Desarrollo.”

Pretendo, en el breve tiempo que han puesto a mi disposición, compartir algunas ideas sobre la importancia de la inversión en educación como inversión social íntimamente relacionada al desarrollo,  tanto de los individuos como de la sociedad.

Las investigaciones en el ámbito del desarrollo socioeconómico, así como las que se focalizan en las condiciones que deben rodear el desarrollo de la niñez y de la  juventud, señalan que una de las principales responsabilidades éticas y políticas del liderazgo de un país, tanto del liderazgo del sector público como del privado, es crear las condiciones que garanticen el proceso de transición que todo niño y niña debe recorrer desde su nacimiento hasta su plena incorporación a la vida social, cultural y económica, en relación a tres condiciones: a) la de ciudadano, responsable de compartir las decisiones que atañen al sistema de convivencia y de cohesión social que la sociedad a la que pertenece ha decidido adoptar, b) la de  agente productor y consumidor de riquezas, mediante su incorporación al sistema productivo del país, y c) al de creador o co-creador, junto a su compañero o compañera, de un nuevo núcleo familiar que contribuya a mantener vivo el ciclo vital que le permite a la sociedad y a la especie reproducirse y perpetuarse en el tiempo.

Por estas razones en la sociedad moderna constituye un imperativo fundamentalmente ético, pero también político y de una importancia económica estratégica, rodear ese proceso de transición de las garantías necesarias para que el mismo sea recorrido, de manera exitosa, por todos los niños y jóvenes. Cada vez más hay conciencia en estas sociedades de que de ello depende su desarrollo y la  calidad de vida de sus ciudadanos.

Los sistemas educativos son parte fundamental de estos sistemas de transición y, junto a las familias, constituyen el eje vertebrador del acompañamiento que toda sociedad hace a sus niños y jóvenes en su viaje hacia la adultez biológica, psicológica, social, cultural y política. Dado el nivel de complejidad que caracteriza a la sociedad moderna, por un lado, y de las debilidades que típicamente tienen las familias en los entornos urbanos más empobrecidos, el sistema educativo tiene que asumir papeles que las familias  no están en condiciones de asumir. Las expectativas y  los niveles de competencias requeridos hoy del ciudadano, tanto como actor político como económico, hacen imposible que la familia sola  pueda hacerse cargo de preparar a sus hijos e hijas para esta transición. Pero también, hay que reconocer, que  la escuela no puede sola. La tarea es una tarea común, que nos involucra y nos compromete a todos. De todos nosotros depende y a todos nos afecta los resultados que se tengan.

En el fondo el problema central que toda sociedad se plantea es cómo organizar un sistema educativo que haga posible que sus niños y sus jóvenes lleguen a ser ciudadanos ejemplares, capaces de actuar y de participar en la vida social orientados por valores y principios que sirvan de base a la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y el trabajo, y equipados con las competencias que les permitan hacer el mayor y el mejor uso posible de los avances científicos y tecnológicos alcanzados por la humanidad, poniéndolos al servicio del desarrollo del país. Darle solución a este problema central debe ser uno de los objetivos fundamentales de toda sociedad.

La sociedad que no coloque en el centro de sus preocupaciones y de su agenda política el solucionar este problema y no lo tome como base para  definir su futuro, es una sociedad que falta y traiciona su principal responsabilidad ética y política con las generaciones del presente y con las del porvenir. Es una sociedad que, podemos decir,  ha perdido el sentido de su compromiso histórico y de su deber moral.

Trabajar e invertir en la construcción y la consolidación de un sistema educativo capaz de dar respuesta a este reto es una de  las principales responsabilidades de las generaciones que han alcanzado la madurez, como lo son las que representamos quienes nos encontramos en este almuerzo que nos reúne para pensar sobre estos temas.

Ante este compromiso moral que todos tenemos con el futuro del país, debemos preguntarnos ¿qué ha hecho la sociedad dominicana, y que hace cada uno de nosotros, para garantizar una transición exitosa de nuestros niños y jóvenes? ¿Constituye, en materia social, esta preocupación el centro de las políticas públicas puestas en ejecución por nuestros gobiernos en los últimos 20 años? ¿Está la sociedad dominicana, y nosotros mismos,  haciendo el esfuerzo que se debe?  Lo que hemos hecho, en los últimos 20 años, en esta materia ¿es suficiente? ¿beneficia a todos los niños y jóvenes, o sólo a una parte de los mismos?

No tenemos tiempo en este escenario para realizar un análisis exhaustivo de todas estas cuestiones que a nosotros nos parecen pertinentes y fundamentales. A título de ejemplo,  vamos a ofrecer algunos datos que permiten situarnos en relación a estas cuestiones.

De conformidad a lo que establece la Constitución Dominicana “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones (art. 63) y establece, también, que “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. (art. 63, Numeral 3).

Veamos, rápidamente, el nivel de cumplimiento de este mandato constitucional.

Para el nivel inicial aproximadamente un 75% de los niños y niñas de 5 años asisten a la escuela. Todavía tenemos cerca de un 25% esperando  que se haga realidad para ellos el derecho a la educación consagrado en la constitución de la República.

Para el nivel básico, que atiende a los niños de 6 a 13 años, 93 de cada cien niños asisten a clases. Ha habido mejora en la cobertura de este nivel en los últimos 20 años, pero todavía cerca de 300,000 niños y niñas de este grupo de edad están excluidos del sistema educativo y sus posibilidades de tener una transición exitosa a la adultez son muy limitadas. Hoy sabemos que la incorporación al mundo del trabajo así como  a las diferentes manifestaciones de la vida social y cultural depende, en gran medida, del nivel educativo que se tenga. Debemos congratularnos, como sociedad, por la mejora de la cobertura experimentada en los últimos años, pero no  debemos sentirnos tranquilos.

 Mientras exista un solo niño o joven privado del derecho a la educación no debemos tranquilizar nuestras conciencias con estadísticas globales. La privación de un derecho no es cuestión de número, es cuestión de humanidad. Si a un ser humano se le priva de un derecho, como en el caso del que estamos hablando, el derecho a la educación, la humanidad toda debe sentirse herida, y ese sólo hecho debe ser suficiente para que la conciencia moral de todos los dominicanos se subleve y reclame que el mismo sea respetado. Sin embargo, junto a la mejora de la cobertura, todavía persisten, en el nivel básico, serios problemas de eficiencia y de calidad. En términos de calidad, por ejemplo,  son conocidos los resultados de las evaluaciones internacionales sobre el desempeño de nuestros estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas y la lectoescritura, situándonos entre los más bajos del continente. Igualmente, en términos de eficiencia, en promedio, nuestros estudiantes dedican cerca de 12 años para concluir el 8vo. Grado. Apenas alrededor de 60 de cada 100 que ingresa al nivel básico concluye este nivel. Cuando estos datos se analizan tomando en consideración el nivel socioeconómico de la familia de los estudiantes,  se observa que estas cifras son más desfavorables entre los estudiantes que provienen de los sectores más pobres. Todo esto indica que nuestro sistema educativo tiene serios problemas de equidad y de calidad que deben resolverse para poder decir que estamos cumpliendo con el mandato constitucional de ofrecer una educación de calidad para todos.

La situación adquiere características  dramáticas cuando se analiza la situación de los jóvenes de 13 a los 17 años. Uno de cada dos jóvenes en esta edad no está cursando el nivel educativo que le corresponde: el nivel secundario. Por otro lado, mientras en todas las sociedades que se preocupan seriamente por la transición a la adultez de sus  jóvenes ponen a disposición de los mismos, alternativas  educativas que le dan la opción tanto de seguir estudiando a nivel terciario como de ingresar al mundo del trabajo, nuestro sistema educativo a nivel secundario es de tipo general, con muy pocas opciones de programas que  permitan su ingreso al mundo del trabajo. Esto también es realidad, en las opciones que se ofrecen en los estudios pos-secundarios, para los estudiantes de 18 a 24 años. En los Estados Unidos aproximadamente el  50% de los estudiantes que cursan estudios en el nivel terciario lo hace en los Comunity College, en Finlandia, el 39% lo hace en instituciones técnicas, y en Chile el 44% de los estudiantes del nivel secundario están en programas de formación técnico-profesional,  esta cifra no alcanza el 5% en la República Dominicana para estudiantes matriculados en el nivel terciario en programas del nivel técnico superior y, de 46 instituciones de educación superior, apenas 4 tienen como objetivo central la formación a nivel de técnico superior.

¿Qué repercusiones tiene esto en la inserción de nuestros jóvenes en el mundo del trabajo? ¿Cómo afecta esto el desarrollo de su ciudadanía? ¿Cómo incide en la competitividad del país y de nuestro sector productivo en particular? El impacto que tiene sobre la competitividad ha sido bien documentado al igual que su importancia para la gobernabilidad. Pero hay otras áreas en las que la carencia de un buen sistema educativo que ofrezca esperanza a los jóvenes de una vida adulta de calidad se deja sentir. Hemos hecho algunas investigaciones sobre estos temas que muestran cómo esto afecta la percepción que tiene el joven de su  futuro, su credibilidad en las instituciones democráticas, su proclividad a irse del país y los efectos que esto puede tener en la adopción de vías alternativas, como la delincuencia y la drogadicción, para lograr acceso a bienes y servicios de los que se sienten excluidos. Los resultados de estas investigaciones indican que el sistema en funcionamiento en el país para que los niños y jóvenes logren insertarse en la vida social, cultural y productiva adulta no le ofrece,  a muchos de nuestros niños y jóvenes, las garantías necesarias para lograr una inserción exitosa.

Reformar el nivel secundario, tanto como el superior, para ofrecer más y mejores alternativas a nuestros jóvenes de insertarse productivamente a la sociedad es una de las tareas más urgentes y es una de las medidas de mayor trascendencia en materia de política social para combatir la pobreza y disminuir los niveles de delincuencia y de exclusión social que hoy viven nuestros jóvenes.

 Hay muchos otros aspectos relacionados con el tema que por razones de tiempo tenemos que dejar fuera. Pero  antes de concluir queremos resaltar la necesidad de orientar nuestras políticas sociales tomando como marco de referencia una visión más amplia de lo que debe constituir un sistema coherente de acompañamiento al proceso de transición de nuestros niños y niñas hasta convertirlos en ciudadanos comprometidos con los objetivos de la sociedad, capaces de aportar a la generación y a la distribución de riquezas y con las condiciones personales que les permitan disfrutar de la calidad de vida que los avances científicos y tecnológicos hacen posible hoy. Es necesario, en materia de política social, darle coherencia las políticas educativas, con las políticas sobre la niñez, con las de juventud y las políticas de empleo.

Articular un sistema de esta naturaleza requiere que la sociedad, y el gobierno asuman las consecuencias de colocarlo como eje estratégico del desarrollo del país.  Esta importancia estratégica se tiene que traducir en una mayor inversión en educación. Reconociendo que sólo con más inversión no se garantiza el  desarrollo de un sistema como el que estamos comentando, pero, reconociendo también, que  no es posible, tampoco, desarrollarlo con los niveles de inversión que hoy tenemos. Es necesario invertir más y, al mismo tiempo, invertir mejor. Este constituye, a nuestro juicio, uno de los principales retos que tiene la sociedad dominicana. Estamos seguros que seremos capaces de enfrentarlo.

El ejemplo de los ciudadanos y ciudadanas que trabajan alrededor del programa “Acción Callejera” deben servirnos  de inspiración para convencernos de que sí se puede hacer algo para mejorar el destino de nuestra niñez y de nuestra juventud. Todos debemos seguir su ejemplo para aportar en nuestros ámbitos de acción lo que está en nuestras manos hacer, sin dejar de reclamar a las autoridades públicas que nos representan que cumplan con el sagrado deber de no permitir que muera la esperanza de nuestros niños y de nuestros  jóvenes en un futuro mejor.

Muchas gracias.

Santiago, R. D.

17 de mayo de 2011